En septiembre del 2005, un decreto del presidente Kirchner aprobó un documento generado por el Área Queer de la Universidad de Buenos Aires, cuyo título es "Hacia un plan nacional contra la discriminación en Argentina", y encomendaron al Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación) la coordinación de las propuestas contenidas en el mismo. Además invitaron al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, a la Defensoría General, a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al plan nacional contra la discriminación propuesto. El extenso documento fue producto de un amplio diálogo nacional que llevó tres años "con grupos victimizados en distintas ciudades del país, organizaciones de la sociedad civil, universidades, comisiones parlamentarias y áreas de gobierno con competencia en la materia”, según indica el decreto.
Como era de esperarse (¿por qué estas cuestiones ya no me asombran?), la Iglesia Católica puso el grito en el cielo, como si sus ideas paleolíticas pudieran tener eco en el Paraíso que pregonan cada día con menos eficacia. "Las propuestas más cuestionadas por la Iglesia fueron las referidas a las uniones de personas del mismo sexo o su derecho a la pensión, la modificación de la ley para permitir las operaciones de cambio de sexo, recomendaciones en torno de la aplicación del programa de salud sexual y reproductiva y el manejo de los fondos entre los distintos credos. Más allá de los puntos polémicos, hay propuestas para derogar el impedimento para los sordos en cuanto a la administración de bienes o a contraer matrimonio, otras que recomiendan el sobretitulado en todos los programas de televisión de aire, garantizar el proceso de restitución efectiva de los derechos territoriales de las comunidades indígenas, el derecho a una jubilación para las mujeres en situación de prostitución, y otras referidas a políticas migratorias, penitenciarias y de educación" (diario Página 12 del lunes 21 de agosto de 2006).
“Las altas tasas de muertes por aborto son una expresión lamentable de la discriminación de mujeres de sectores más pobres, referida a la falta de un acceso adecuado a la información y a los métodos anticonceptivos seguros”, es una de las frases del texto que más irritó a los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), además de la alusión a la necesidad de un debate sobre el “aborto no punible”.
Tanto se alarmaron que decidieron enviar cartas a todos los integrantes del Poder Legislativo, encargado de implementar el plan, para cuestionar la iniciativa oficial. “Las propuestas que afectan el derecho a la vida o que proponen un reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo contradicen la Constitución, que ampara tanto a la vida desde su concepción como a la familia fundada en el matrimonio del varón y la mujer”, escribió monseñor Sergio Alfredo Fenoy, secretario de la CEA. “Según ellos no serían situaciones de discriminación las referidas a la orientación sexual y las identidades de género, como tampoco la falta de acceso de las mujeres pobres al aborto”, explicó Flavio Rapisardi, licenciado en Filosofía y coordinador del área Queer de la UBA, cuyos miembros colaboraron en el capítulo del criticado documento referido a identidades sexuales.
Rapisardi es coautor, junto a Alejandro Modarelli, del libro "Fiestas, Baños y Exilios", que documentaliza las vicisitudes que tuvieron que atravesar los gays de Buenos Aires durante la última dictadura. Es un reconocido activista gay, uno de los autores de la Ley de Unión Civil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y (dato farandulero que para la fauna chupi puede resultar importante) ex pareja de Carlos Jáuregui, el mítico fundador de la CHA.
Rapisardi, como coordinador del Área Queer, redactó una respuesta en la que rechazó la palabra “homosexual” por considerarla violenta pues “silencia la rica diversidad de nuestras comunidades, nos medicaliza reduciendo nuestras vidas a una categoría psiquiátrica”. Además contestó que “no pueden seguir desconociendo los años de lucha (...) que fueron resultado de la valentía, la entrega y el compromiso social de varones y mujeres por los que ustedes dicen velar. O quizá para la Iglesia no todos seamos hijos del Dios que ustedes dicen amar (...) Volver a invocar una supuesta ecología humana constituye una apelación vacía si las prácticas culturales que la conforman son filtradas por una nueva identificación entre un supuesto plan divino y la naturaleza del hombre”.
Resulta indignante que los miembros de la Iglesia, que avalaron los métodos genocidas de las dictaduras y son protagonistas de cuantiosos casos de pedofilia y corrupción, sean los que alzan la voz en favor del derecho a la vida, la Constitución y la familia "tradicional" sin asumir que las diversidades sexuales somos sujetos de derecho con quienes se debe dialogar.
VÍKTOR HUIJE, desde la Misteriosa Buenos Aires para el mundo.
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